La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, analizó con el presidente de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, Alberto Varela, el nuevo impuesto que el Estado quiere imponer a la eliminación de los residuos en escombrera y a la incineración de residuos urbanos. Recordó que el Gobierno del Estado incluyó este nuevo impuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, que afecta la aquellas instalaciones de valorización energética R1, aquellas que se caracterizan por su alta eficiencia, y al impuesto de vertido, tanto al vertido directo como por los rechaces enviados a escombrera procedentes del pretratamiento de la basura.
Ángeles Vázquez argumentó que -de aplicarse este nuevo impuesto- este se repercutiría a los ayuntamientos y, por lo tanto, a los vecinos a través del recibo de la basura por el coste del tratamiento de las toneladas de residuos urbanos, que serían grabados incluso con uno coste mayor que el estipulado por Ley por el el abandono de basura en espacios no autorizados.
Lamentó que esta hoja de ruta del Gobierno estatal sea totalmente opuesta a la de la Xunta, administración que apuesta por fomentar el reciclaje, la separación en origen y sobre todo premiar y rebajar los impuestos la quien más recicla y cumple con los objetivos de reducir la producción de basura.
En ese sentido, recordó que el pasado lunes, 1 de febrero, el Diario Oficial de Galicia publicó la resolución por la que se hace público el importe del canon unitario de tratamiento por tonelada de residuos domésticos que aplicará Sogama para 2021, así como la bonificación correspondiente que regirá también para este año. Se trata del tercer año consecutivo en el que la Xunta ofrece a los entes locales a posibilidad de pagar menos por los residuos urbanos que genera, siempre que cumplan dos requisitos: promover la reducción de residuos y/o el reciclaje de envases ligeros, y trasladar la rebaja del canon a los recibos de los ciudadanos.
Esto significa que la Xunta mantiene la bonificación del 10% sobre el canon que los ayuntamientos adheridos a Sogama deben abonar por la gestión y tratamiento de los residuos domésticos en el complejo de Cerceda; mientras que el Gobierno del Estado avanza por la senda contraria, aumentar los impuestos a los ayuntamientos y a los ciudadanos.
Por otra parte, recordó que el Gobierno gallego quiere avanzar en una gestión moderna, eficaz y circular de los residuos y por eso apostó por la construcción de una red de plantas de biorresiduos para tratar la materia orgánica, con el fin de dar cumplimiento a las directivas europeas en esta materia.
La Xunta asumió la construcción y gestión de tres nuevas plantas de biorresiduos que se localizarán en la provincia de Pontevedra (concretamente en la localidad de Vilanova de Arousa), en la de Lugo (en el municipio de Cervo) y en la provincia de Ourense (zona sur). Estas instalaciones completarán la de compostaje que opera ya en Cerceda, así como otras infraestructuras, tanto públicas cómo privadas (actuales y futuras) de estas características con el fin de que Galicia dé debido cumplimiento a los objetivos europeos en materia de reciclaje y valorización de la fracción orgánica.
Entrada en vigor de las primeras Directrices del Paisaje
Otro de los temas abordados en la reunión fueron las Directrices del Paisaje de Galicia, las primeras con las que cuenta la Comunidad y que entrarán en vigor el próximo 20 de febrero. Así, los ayuntamientos gallegos se dotan de una nueva herramienta de protección, gestión y conservación del paisaje con la que afianzar su actual posición entre las comunidades más avanzadas en materia paisajística.
La conselleira recordó que en el documento se recogen las normas y directrices que deberán integrarse en la totalidad de iniciativas que se promuevan en el territorio gallego, con la finalidad de preserva y cuidar los valores paisajísticos. En definitiva, se busca compatibilizar la protección y mejora del paisaje con el desarrollo económico de Galicia.
Para eso, dentro de las directrices se incluyen por una parte toda una serie de normas que serán obligatorias para los instrumentos de planificación sectorial y urbanística, así como para las estrategias regionales y locales; y por otra, un listado de recomendaciones que serán orientativas y sugieren limitaciones o condiciones de carácter genérico; que deberán tener en cuenta los valores paisajísticos en todas sus fases, respetando el carácter diferenciado de las grandes áreas paisajísticas y de los diferentes tipos de paisajes.
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