La Xunta convoca a la Fegamp para trasladar su análisis sobre la incidencia que supondrá en Galicia la modificación del reglamento de la Ley de costas

La Xunta de Galicia acaba de convocar a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) la una reunión para abordar como la modificación del Reglamento de la Ley de costas afectará a la Comunidad gallega. Las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y del Mar, Rosa Quintana, presidirán mañana miércoles, 10 de abril, la reunión a la que están convocados el presidente de la Fegamp, Alfredo L. García Rodríguez, y el vicepresidente primero, Alfonso Villares Bermúdez. La reunión tendrá lugar en la Sala de reuniones de la Consellería de Medio Ambiente en San Lázaro
Ambas conselleiras explicarán como la modificación del reglamento de la Ley de costas, que está tramitando el Ministerio para la Transición Ecológica, contraviene lo previsto en una norma con rango de ley (la Ley 2/2013, de 29 de mayo, para las concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, así como las concesiones para su otorgamiento), al pretender que el plazo concesional extraordinario establecido en 75 años deberá contabilizarse desde el plazo inicial de la concesión, y no desde el año en el que fue tramitada la renovación de la misma.
En este encuentro también advertirán a los miembros de la Fegamp que -de seguir adelante con la modificación del reglamento de costas- esta decisión del Gobierno del Estado puede dejar en una situación de inseguridad jurídica a más de 100 empresas gallegas, entre conserveras, instalaciones de acuicultura y depuradoras y cocederos de moluscos, así como equipaciones públicas como, colegios, centros de salud o depuradoras.
Al mismo tiempo, recordarán que la Ley de costas -en su exposición de motivos- recoge que la naturaleza de la prórroga excepcional es dar respuesta a la extinción de las concesiones que expiraron en 2018; por lo que con carácter general, el plazo máximo de esta prórroga extraordinaria se fijó en 75 años para hacerla coincidir con el nuevo plazo máximo que se podrá otorgar las concesiones, en la búsqueda de estabilizar derechos en un plazo temporal semejante. Esta cuestión es uno de los argumentos que se emplean en los alegatos presentados por la Xunta, es decir, que se mantengan los criterios y condiciones que se tuvieron en cuenta en el momento de otorgar las concesiones de ocupación en dominio público marítimo terrestre.
Por último, denunciarán la manera en el que se está tramitando esta modificación, pues solo da siete días hábiles para presentar alegatos y reduce la diez días naturales el período de información pública; por lo que la Xunta ya solicitó una ampliación del plazo para la presentación de alegatos, con el fin de permitir a los interesados a intervenir u opinar en este procedimiento.


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