La conselleira de Política Social, Fabiola García, advirtió esta mañana de que el reparto propuesto por el Gobierno central de los fondos correspondientes al 0,7% del Impuesto sobre las Rentas de Personas Físicas (IRPF) es once veces peor para Galicia que para las demás comunidades autónomas.
La mayor parte de las ayudas sociales que se distribuyen con cargo a la “casilla social” del IRPF son gestionadas por las comunidades autónomas. En el reparto que propone el Gobierno central, a todas las comunidades autónomas se les incrementa la asignación por encima de un 11%, menos a Galicia, Madrid, Cataluña y Castilla y León, que perciben tan sólo un 0,9% de crecimiento. Fabiola García manifestó la disconformidad de Galicia con esta distribución en una reunión por videoconferencia con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez.
La conselleira de Política Social señaló que la Xunta hará lo que sea necesario para que el reparto de estos fondos sea justo con Galicia. Apuntó también a que no se debe aprovechar esta crisis para castigar a unas comunidades y premiar a otras, porque los perjudicados son las entidades sociales y los ciudadanos.
La conselleira recordó que se trata de la segunda vez que el Gobierno central reduce la asignación a Galicia de una ayuda social durante esta pandemia. La primera, explicó, se produjo a la hora de asignar fondos extraordinarios para el Plan social de contingencia de la Xunta. Aquella vez, se redujo la aportación a Galicia de 25 millones a 17 millones, un 32%.
Nueva ayuda con cargo al Impuesto de Sociedades
Por otra parte, durante la videoconferencia, el secretario de Estado también comunicó a los representantes de las diferentes comunidades que las nuevas ayudas sociales con cargo al Impuesto de Sociedades (establecidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018) no serán gestionadas este año por las autonomías, sino directamente por la Vicepresidencia de Derechos Sociales.
A este respecto, la conselleira recordó que el Tribunal Constitucional avala que estas ayudas sociales directas (como las correspondientes al 0,7% del IRPF) son competencia de las comunidades autónomas, por lo que ve incomprensible que el Gobierno central aproveche la situación actual para asumir esta gestión.
Fabiola García también aprovechó esta reunión para solicitarle a la Vicepresidencia de Derechos Sociales un calendario claro y pactado con el Ministerio de Sanidad para la aplicación de la desescalada en los centros de servicios sociales, como los centros de día, los centros de discapacidad y los campamentos de verano.
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