Frente a esta búsqueda de entendimiento y concierto con las autonomías, la conselleira recordó lo ocurrido con el real decreto-ley de 31 de marzo y la orden de 9 de abril aprobadas por el Gobierno frente a la covid-19 y en las que no se tuvo en cuenta la opinión de las comunidades, a pesar de que sobre ellas recayó la gestión de parte de las medidas adoptadas y también se hicieron modificaciones relevantes relativas al Plan de Vivienda 2018-2021, gestionado y cofinanciado por la Xunta.
En este sentido, Vázquez Mejuto le trasladó que su departamento acaba de convocar el pasado viernes las nuevas ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la actual crisis sanitaria en los alquileres de vivienda habitual. Esta orden, en todo caso, salió con una dotación inicial de casi ocho millones de euros, una cuantía “insuficiente” para atender a todos los posibles beneficiarios que cumplirían las condiciones y requisitos de vulnerabilidad establecidos por el Gobierno.
Por eso, la conselleira aprovechó su reunión con el secretario general del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para insistir en la necesidad de lograr más financiación e incrementar así la dotación inicial de estas ayudas, a las que según las estimaciones de la Xunta podrían tener derecho entre 50.000 y 75.000 gallegos.
Concretamente, le trasladó que a día de hoy el Gobierno aún no dio su autorización para que las comunidades que así lo deseen puedan utilizar los remanentes de crédito de convocatorias de años anteriores del Plan de Vivienda a conceder y pagar ayudas al alquiler para personas afectadas por el impacto de la covid-19. Según los cálculos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), estos remanentes ascienden a 4,9 millones de euros en el caso de Galicia por lo que la conselleira consideró clave que se autorice expresamente esta operación para poder complementar lo antes posible la convocatoria ya realizada e incrementar el presupuesto disponible.
Por otra parte, la responsable de Vivienda de la Xunta también se refirió a las diferentes medidas anunciadas por el Gobierno con la intención de que todos los inquilinos que se encuentran en estos momentos en una situación vulnerable no vean peligrar su vivienda habitual.
Al respecto, recordó que inicialmente el Gobierno dijo que su intención era que todos los arrendatarios pudieran acogerse a la nueva línea de préstamos ICO para hacer frente al pago de seis meses de renta, reservando el programa de ayudas al alquiler para aquellas personas que no pudieran asumir este préstamo. Sin embargo, la conselleira explicó que la convocatoria de la nueva orden de ayudas fue casi simultánea con la solicitud de los préstamos para inquilinos, un retraso que dificulta ahora conocer qué personas tienen dificultad para pagarlos y hace que ambas medidas se solapen.
Medidas a futuro
Asimismo, Ángeles Vázquez y David Lucas Parrón hablaron de los principales asuntos que tendrán que abordar a corto plazo el Estado con las comunidades en materia de vivienda. Así, se refirió al diseño del nuevo Plan de Vivienda plurianual, que desde su punto de vista debe “flexibilizar la gestión ” para hacerlo mucho menos complejo que el actual. En este sentido, explicó que Galicia viene reclamando desde hace tiempo que el plan se dedique a marcar y diseñar líneas generales para que luego sean las comunidades las que las desarrollen, atendiendo a sus propias circunstancias.
En concreto, la propuesta de la conselleira es que se permita a las comunidades autónomas determinar las condiciones y las características de las actuaciones y programas en materia de vivienda y rehabilitación que quieren potenciar, aunque se mantengan la supervisión y seguimiento de las comisiones bilaterales.
Por último y con respecto a la futura Ley de Vivienda en la que está ya trabajando el Gobierno central, Ángeles Vázquez volvió a incidir en la necesidad de buscar el consenso y contar con la opinión de las comunidades, que, recordó, ostentan la competencia en esta materia y por lo tanto deben poder conocer y opinar sobre cualquier novedad normativa en la que se esté trabajando.
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| La conselleira durante la teleconferencia |