La conselleira del Mar, Rosa Quintana, instó hoy al Gobierno del Estado a aclarar oficialmente si es cierto que decidió paralizar la modificación del reglamento general de Costas, tal y como anunció ayer un concejal socialista durante la celebración del pleno municipal de Vilanova de Arousa, y lamentó que la Xunta de Galicia no recibiera ninguna notificación oficial al respecto. “No son las formas de hacer las cosas pero nos agradaría recibir esa comunicación porque sería una buena noticia para toda la cadena mar-industria de Galicia”, indicó la titular de Mar.
La representante del Ejecutivo gallego recordó en una entrevista concedida a la Radio Gallega que la propuesta de modificación del reglamento general de Costas, de la que la Xunta viene advirtiendo desde abril del año pasado, pone en riesgo “como mínimo” a más de un centenar de empresas del complejo mar-industria de Galicia, como depuradoras, cetáreas, cocederos o fábricas de conservas, y explicó que este cambio normativo se traduciría en un freno para todo el sector marítimo-pesquero de la comunidad.
Rosa Quintana incidió en que los cambios normativos impulsados por el Gobierno central provocarían inseguridad jurídica en esas más de un centenar de instalaciones pero también en otras más de 5.000 edificaciones repartidas por todo el litoral de Galicia como colegios, estaciones depuradoras de aguas residuales o centros de salud. En este sentido, la conselleira del Mar destacó la necesidad de darle seguridad jurídica al sector para que pueda seguir haciendo inversiones, creciendo y desarrollando su actividad en la comunidad.
A la espera de la confirmación oficial de que se paraliza la tramitación, la titular de Mar también lamentó que a pesar de tener en elaboración el nuevo reglamento de Costas, el Estado ya está aplicando el reglamento en vigor de una manera hiperrestrictiva, lo que está afectando ya a algunas empresas que vieron como la renovación de sus prórrogas se producía por un tiempo, en algunos casos, inferior a un año. Esta situación deja entrever la tendencia hacia la falta de estabilidad y seguridad jurídica iniciada por el Gobierno estatal en este ámbito.
De hecho, la conselleira del Mar mostró sus dudas de que el Ejecutivo socialista tenga la intención de dar seguridad jurídica al sector pues, recordó, en la anterior modificación de la ley de Costas, el PSOE -que estaba en la oposición- recurrió ante el Tribunal Constitucional precisamente la modificación de la duración de las prórrogas de ocupación de la zona de dominio público marítimo-terrestre.
Rosa Quintana recordó que el Ejecutivo gallego lleva advirtiendo desde abril del año pasado de la inseguridad jurídica que genera la propuesta del Gobierno del Estado y destacó que Galicia defiende un reglamento que tenga en cuenta a viabilidad y sostenibilidad de las industrias que se relacionan con el mar porque de eso depende el futuro del sector.
De hecho, los alegatos presentados por la Xunta al cambio legislativo solicitaban que se garantizara al máximo el principio de seguridad jurídica y que los distintos operadores afectados no quedaran expuestos a decisiones arbitrarias y cambios de criterio que habían podido producirse en función del Gobierno de turno y que incidieran en su actividad.
Aspectos perjudiciales
Entre los aspectos de la propuesta de reglamento que el Ejecutivo gallego considera perjudiciales para las empresas afectadas está que el plazo máximo de duración de las concesiones quedaría muy limitado, a un máximo de 75 años incluidas las prórrogas. La Consellería del Mar defiende que ese plazo, de 75 años, no incluya el de la concesión sino únicamente las prórrogas, pues del contrario pondría en riesgo la viabilidad de empresas que diseñaron sus planes empresariales de acuerdo con los plazos anteriormente previstos.
Otro asunto que la Xunta considera contraproducente es el hecho de que se prevé revisar nuevamente los requisitos cumplidos para el otorgamiento de la concesión cuando se tenga que decidir sobre la prórroga. Esta medida también complicaría el futuro de numerosas instalaciones al incrementar la documentación, el tiempo y los gastos necesarios para renovar o ampliar esas concesiones.
La reforma del reglamento de Costas establecería además el deber de derivar fuera de la zona de dominio público marítimo-terrestre las actividades que puedan desarrollarse en otro lugar, algo que, aunque puede ser viable técnicamente, implicaría un encarecimiento de la producción, por lo que puede hacer insostenible a situación económica de algunas empresas al provocar que pierdan rentabilidad.
Al margen del complejo mar-industria, el reglamento afectaría a cerca de 5.000 edificaciones de 80 ayuntamientos costeros, entre las que se encuentran desde centros de salud hasta colegios. Para evitar consecuencias negativas en estas instalaciones, las conselleiras del Mar, Rosa Quintana, y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, solicitaron en varias ocasiones al anterior Ministerio para la Transición Ecológica que aclarara diferentes dudas y limitara la incidencia de la reforma del reglamento de Costas, sin que el Estado aportase nada nuevo sobre este asunto.
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