Tras la sentencia de la
Audiencia Provincial en el caso del enchufe de la cuñada de la
señora Carmela Silva, que condena a Francisco Javier Gutiérrez Orúe, jefe del
servicio de Participación y Atención Ciudadana del Concello de Vigo, a 5 años y
3 meses de cárcel y 9 años de inhabilitación; y a Ramón Comesaña Alonso, exgerente
de la concesionaria municipal Imesapi, a 1 año y 6 meses de prisión y 2 años y
medio de inhabilitación absoluta; el Partido Popular de Vigo quiere manifestar
lo siguiente :
Primero. Que dicha
sentencia considera probados que estas dos personas urdieron un plan “con
objeto de beneficiar económicamente a Vanesa F.B., persona vinculada
familiarmente a un miembro de la Corporación Municipal de Vigo”.
Segundo. Que dicho
plan perseguía la contratación de esta mujer, cuñada de la teniente de alcalde
del Ayuntamiento de Vigo, “de una forma oculta y al margen de los sistemas
legales de oferta pública de empleo”.
Tercero. Que estos hechos son
gravísimos, porque estamos hablando de la contratación, sin motivo ni
justificación, de una familiar directa de la primera teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Vigo y presidenta de la Diputación de Pontevedra.
Cuarto. Que después de 4
años de instrucción y de juicio no se ha producido ningún tipo de explicación
por parte ni del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ni de la primera teniente de
alcalde, Carmela Silva, ni del concejal directamente responsable del jefe de
servicio ahora condenado, Santos Héctor.
Que nos parece de una gravedad extrema que se haya utilizado dinero público de todos los vigueses
para contratar a una persona cuyo trabajo no era necesario, y que además no
realizó nunca, con el único objetivo de beneficiarla económicamente por ser
cuñada de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento.
Quinto. Que esta
demoledora sentencia hace insostenible la situación de la señora Carmela Silva
como primera teniente de alcalde de Vigo, y del señor Santos Héctor, concejal
responsable del jefe de servicio condenado.
Sexto. Que al margen de
las responsabilidades judiciales, en este caso existen responsabilidades
políticas palmarias y evidentes.
Séptimo. Que las
responsabilidades públicas no están para colocar a familiares, sino para
respetar a todos los ciudadanos y actuar de acuerdo con la legalidad y con las
máximas exigencias de honorabilidad.
Octavo. Que ni la teniente
de alcalde ni el concejal responsable pueden permanecer en el cargo ni un
minuto más.
Noveno. Que el momento de
las explicaciones políticas ya ha pasado, y ahora es el momento de la toma de
decisiones, resultando la única solución digna, posible y de respeto hacia
todos los vigueses, la petición pública de perdón y la dimisión inmediata de
ambos cargos públicos.
Décimo. Que cualquier otra
decisión sería una traición a la confianza que los vigueses han depositado en
el Partido Socialista de Vigo.
Undécimo. Que el alcalde de
Vigo debe exigir esa dimisión de forma inmediata para intentar mantener la
honorabilidad de su gobierno y la suya propia, que en este momento está
gravemente dañada.
Elena Muñoz, presidenta del PP de Vigo.
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