COMPOSTELA .- Hartos están en el departamento de Educación de la Xunta con las veleidades del Ministerio que dirige Celáa, popularmente conocida por "Lady Aprobado General". De modo que la Xunta corregirá las debilidades del Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, aprobado por el Congreso de los Diputados, a través de la elaboración de unas normas propias de desarrollo. El objetivo es, dentro de la legalidad y de las posibilidades de esta norma, preservar la calidad y la equidad del sistema educativo gallego.
El decreto, una medida emprendida por el Ministerio de Educación, permite que un alumno pueda promocionar de curso sin que se tenga en cuenta el número de materias suspensas. En opinión del conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, Román Rodríguez, “esta norma rompe con la función del sistema educativo como generador de igualdad de oportunidades y mermar su calidad”.
En este sentido, considera que no tiene sentido que el Gobierno central decida aplicar al contexto actual unas medidas que fueron pensadas para la situación excepcional de confinamiento y suspensión total de las clases presenciales que se produjo en los dos últimos trimestres del curso 2019/20. Toda vez que en Galicia se está aplicando, con carácter general y salvo casos muy puntuales, la presencialidad completa en la enseñanza obligatoria, lo idóneo es aplicar unos criterios más próximos a la labor educativa habitual.
Incertidumbres en las familias
“El decreto del aprobado general genera preocupación e incertidumbres en las familias y en una parte significativa de la comunidad educativa que percibe que su aplicación puede repercutir en una reducción de calidad y la equidad del sistema”, explica.
Las normas propias de Galicia se materializarán técnicamente en la elaboración de unas instrucciones. Para su elaboración, la Xunta contará con la participación de la comunidad educativa a través del profesorado y la Inspección. En ellas, se abordarán cuestiones como los criterios de promoción y titulación, así como la valoración del rendimiento del alumnado. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la posibilidad de adaptar lo que se establezca a las circunstancias particulares que se puedan producir a lo largo del curso escolar, como por ejemplo cuarentenas de larga duración.
Queja formal a la ministra
El conselleiro Román Rodríguez ya envió una queja formal a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la que se lamentaba la toma de esta decisión de forma unilateral y sin abordarla previamente con las comunidades autónomas.
En la carta remitida se le indicaba a la ministra que posibilitar que un alumno pase de curso sin importar el número de suspensos “desprestigia la propia educación y el trabajo de docentes y familias, va en contra de la cultura del esfuerzo y es profundamente antiequitativo”. Asimismo, se hacía hincapié en el riesgo de crear “desigualdades entre el alumnado en función de su lugar de residencia, generando inseguridad jurídica y confusión normativa”; más toda vez que Galicia cuenta con uno de los sistemas educativos más equitativos e inclusivos del Estado a día de hoy.
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