La Xunta da más pasos, con rapidez, en favor del nuevo PXOM de Vigo

Medio Ambiente emite el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Vigo

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda acaba de enviar la Resolución por la que se formula el Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Vigo. En este sentido, la Xunta cumple con el compromiso anunciado a comienzos de septiembre de trasladar al Ayuntamiento de Vigo antes de que finalizase el mes, la resolución sobre este documento de alcance; a pesar de que la Xunta disponía hasta comienzos de octubre para emitir la Resolución.

Esta nueva comunicación se suma al anuncio realizado por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el pasado 6 de septiembre en una reunión convocada por el Ayuntamiento, cuando le trasladó a los responsables de la Administración local, el informe sobre el análisis -desde el punto de vista urbanístico- del contenido del borrador del nuevo plan general.

Las observaciones para mejorar la sostenibilidad ambiental de la propuesta inicial son fruto del análisis realizado por la Dirección General de Calidad Ambiental, así como las reflexiones y sugerencias recibidas durante la fase de consultas previas, período en el que se recibieron informes de distintos organismos autonómicos, como el Instituto Gallego de Vivenda e Solo, Augas de Galicia, Subdirección General de Administración Industrial; así como estatales, como la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, Demarcación de Costas del Estado, Dirección General de Aviación Civil, o de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria...

Ahora, el Ayuntamiento de Vigo deberá remitir al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica completo -en formato digital- para que formule la declaración ambiental estratégica, documento que pone fin al trámite ambiental por parte de la Xunta.

El expediente deberá contener a propuestas final del Pgom y el estudio ambiental estratégico; el informe de participación pública y consultas, en el que se describa el procedimiento sucesivo, la relación de administraciones públicas consultadas y personas interesadas; y un documento resumen en el que se describa la integración en la propuesta final de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su adecuación al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y de su toma en consideración.

Hace falta recordar que el urbanismo es una competencia municipal, tal y como se recoge en la Ley del Suelo, que contiene una decidida apuesta por la autonomía municipal e incrementa la confianza en las administraciones locales. Es decir, son los propios ayuntamientos los promotores de este tipo de iniciativas y los que se encargan de diseñar su PGOM de acuerdo con el modelo urbanístico que desean.

En todo caso, el Ejecutivo autonómico está siempre al lado de los ayuntamientos en el impulso de la tramitación y aprobación del planeamiento que permita que todos los ayuntamientos cuenten con un instrumento de calidad en un plazo razonable, hacia un urbanismo responsable. Gracias a esta labor, 109 municipios cuentan ya con un PGOM adaptado a la normativa urbanística vigente.

En el caso concreto de Vigo, la Xunta trabajó desde el primer momento para dar una solución a la situación urbanística de la ciudad olívica, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo del PGOM de 2008. Desde entonces, defendió que la única solución definitiva a la situación urbanística de Vigo era la aprobación de un nuevo plan general y con ese objetivo tendió la mano al consistorio vigués, impulsando otro convenio de colaboración para redactar el nuevo plan (el segundo, ya que la Administración autonómica ya había contribuido a la redacción del PGOM anulado por una sentencia del año 2015).

Además, el Gobierno gallego ofreció respuestas provisionales y urgentes para evitar el parón urbanístico de la ciudad olívica, como la aprobación de la Ley 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés, para aportar una solución a proyectos de especial interés llevados a cabo por las administraciones, como la ampliación de la Zona Franca, el Ifevi o la Estación Intermodal.

También impulsó un año después la redacción de la Ley de medidas provisionales de ordenación urbanística, solución legal y amparada jurídicamente para permitir que ciertas zonas pudiesen seguir evolucionando a través de una ordenación provisional, capaz de garantizar el desarrollo económico de las iniciativas de pequeños empresarios y particulares.







Artículo Anterior Artículo Siguiente