| La
pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 ha obligado a situar la salud
pública, por primera vez en España, en lo alto de la agenda política y
mediática. Sin embargo, dos de los máximos representantes de esta
disciplina en nuestro país, que han formado parte del comité de expertos
del gobierno español o han asesorado a gobiernos autonómicos para hacer
frente a esta crisis, manifiestan en un editorial de la revista GACETA
SANITARIA sus dudas sobre que este ímpetu cristalice en instituciones de
salud pública efectivas, con los recursos y las capacidades necesarios.
Ildefonso Hernández, de la Universidad Miguel Hernández, y Ana María
García, de la Universidad de Valencia, denuncian en este artículo cómo
muchos de los que ahora reclaman una agencia de salud pública fueron
diligentes en cercenarla desde dentro y desde fuera del gobierno cuando
se diseñó en el Anteproyecto de Ley General de Salud Pública. Los servicios de salud pública de las comunidades autónomas, denuncian Hernández y García, reciben habitualmente menos del 2% del presupuesto destinado a sanidad y una proporción mayoritaria de este, que puede alcanzar hasta el 80%, se destina a la compra de vacunas. “Parece como si para las autoridades sanitarias, más allá de la atención sobre brotes concretos y los necesarios programas vacunales, el resto de las acciones de salud pública fueran opcionales. Esta desatención se ha plasmado en ocasiones en la disolución de instituciones de formación e investigación de salud pública en varias comunidades autónomas. Todo ello no puede obviarse en la explicación del fracaso ante la COVID-19”, argumentan. Una pandemia, la de la COVID-19, que ha puesto de manifiesto las carencias de instituciones internacionales tan solventes como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC). “La tecnología era vieja, los datos escasos, la burocracia lenta, la orientación confusa, el desacuerdo con la Administración patente. El coronavirus sacudió a la principal agencia de salud del mundo, creando una pérdida de confianza y obstaculizando la respuesta de los Estados Unidos a la crisis”, resumía un artículo en The New York Times. “Hemos transigido con una salud pública de mínimos, como si fuese natural que pueda hacerse una vigilancia epidemiológica pasiva y parcial que no tiene en cuenta el conjunto de los problemas de salud y sus causas, que se haga sin las innovaciones disponibles en las tecnologías de la información. También, como igualmente ha puesto de manifiesto esta crisis, con un nivel de coordinación y una capacidad de aprovechar los esfuerzos territoriales (desde las distintas autonomías, pero también a niveles inferiores) notoriamente precarios”, reconocen Ana María García e Ildefonso Hernández en el artículo. Para ellos, es necesario potenciar la colaboración entre la atención primaria y la salud pública en el cuidado de la salud comunitaria, dentro del Marco estratégico para la atención primaria y comunitaria, publicado en abril de 2019 y aparentemente congelado desde entonces. “El papel de la atención primaria ha sido puesto también en valor en la presente crisis de salud pública, aunque también ahí la escasez de recursos, en favor del aparentemente inevitable hospitalocentrismo de nuestro sistema sanitario, sigue siendo crónica. Por suerte, parece que está en aumento la atención sobre el potencial de la salud pública y sus aliados naturales en el ámbito local (comunidad, municipios, atención primaria), a falta del imprescindible respaldo institucional”. A su vez, reprochan la escasa formación básica en salud pública en los programas de grado, que ha ido decayendo de forma progresiva y que ha optado más por la transmisión de conocimientos técnicos y abstractos, alejados de lo que será la práctica habitual de los futuros profesionales. “No debería sorprender que la especialidad de medicina preventiva y salud pública (al margen de otras cuestiones que se podrían comentar sobre ella) sea en las convocatorias del MIR la antepenúltima (seguida por Bioquímica Clínica y Medicina de Familia) en el orden de elección de especialidades”, advierten. “La futura formación en salud pública debe dirigirse a propiciar unos profesionales con suficiente versatilidad como para participar o colaborar en gran parte de las funciones propias”. Lo que resulta inaplazable para los dos autores de este editorial es la necesidad de articular y situar en la agenda política la creación de una entidad pública de salud con suficiente independencia política y crédito sobre su eficacia científico-técnica, siguiendo el ejemplo National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido o los ahora vapuleados CDC de los Estados Unidos, pero ideando formas innovadoras de organización y funcionamiento acordes con los retos actuales y de futuro de la salud de la población. Recomiendan que este centro no puede funcionar sin ser integrador y sin tener una investigación en salud pública que incorpore de verdad el desarrollo y la innovación. “La COVID-19 nos ha cuestionado sobre múltiples aspectos relacionados con la toma de decisiones en salud pública, desde la comunicación en salud hasta las bases jurídicas de las medidas de prevención, pasando por la monitorización de las conductas relacionadas con la infección o la aplicación de los modelos epidemiológicos. El hecho de que personas de procedencias científicas y profesionales muy diversas traten de aportar soluciones ilustra el abanico de posibilidades de mejora en la salud pública si tiende a hibridarse no solo con la biomedicina, sino también con cualquier conocimiento útil, sobre todo de las áreas sociales”, concluyen. Referencia bibliográfica Hernández-Aguado I, García AM. ¿Será mejor la salud pública tras la COVID-19?. Gac Sanit. 2020. Disponible en: https://gacetasanitaria.org/es--sera-mejor-salud-publica-avance-S0213911120301369  |
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