La conselleira de Educación, Universidad y Formación Profesional, Carmen Pomar, participó hoy en la Conferencia Sectorial de Educación donde exigió que el Real Decreto-ley 21/2020 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacerle frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, con los alegatos realizados por la Consellería de Sanidad, sea el marco de referencia en la enseñanza y que conste así en la propuesta de acuerdo de medidas educativas hecha por el Ministerio de Educación.
Galicia se sumó al acuerdo (que incluye cuestiones como el mantenimiento del calendario escolar, la presencialidad en las aulas o el impulso a la digitalización) y solicitó que las cuestiones sanitarias sean una prioridad y vayan en la línea de lo establecido por el Real Decreto-ley y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. A este respecto, el Ministerio indicó que el borrador de medidas sanitarias enviado ayer a las CCAA no tiene carácter definitivo y, ante las demandas de varias comunidades, se desvinculó este documento del acuerdo educativo.
En su intervención, en cuanto a los grupos de convivencia estable de hasta 20 alumnos propuestos en el borrador de medidas sanitarias, la conselleira apuntó que representarían una ruptura de los grupos ya establecidos en las aulas. Considera que el mantenimiento de los grupos actuales, con las medidas de prevención sanitarias previstas, representa mayor seguridad socioemocional al alumnado para afrontar el nuevo curso después de varios meses separados de sus compañeros habituales. La ministra de Educación, Isabel Celaá, aclaró que esta configuración es solo una propuesta que será revisada.
Además, la titular del departamento educativo de la Xunta señaló que esta reducción de alumnado por aula precisaría de recursos que no se podrían cubrir con los fondos anunciados por el Ministerio, ya que no se trata solo de ampliar profesorado, sino de espacios educativos. En esta línea, insistió en que la realización de actividades al aire libre o la conversión en aulas de espacios destinados a otros usos no siempre es viable.
Según Pomar, la estimación de costes para esta reducción de los grupos superaría la previsión de 120M€ que le corresponderían a Galicia de los 2.000M anunciados por el Gobierno central. En este sentido, le demandó a la ministra concretar ese importe, cuándo estará disponible, se deben tener un destino específico y en qué plazos habrá que ejecutarlos, entre otras cuestiones. Ante esta demanda, Isabel Celaá remitió al Consejo de Política Fiscal.
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