Hace falta recordar que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no citaba a las comunidades para participar en una reunión sectorial desde marzo del año 2018, a pesar de que la Xunta había solicitado ya en varias ocasiones durante los últimos meses su convocatoria.
Durante el encuentro, la conselleira expuso la creciente inquietud que está suscitando la ocupación de viviendas vacías entre las comunidades autónomas y el sector inmobiliario, en particular. Por eso y a pesar de reconocer que la llamada Ley de desahucio exprés (aprobada hace dos años para agilizar los desalojos de okupas) supuso un avance, Ángeles Vázquez defendió que resulta “insuficiente” para responder a la situación actual.
En el caso concreto de Galicia y ante la reciente aparición de casos puntuales en varios municipios, la Xunta ve necesario otorgar y garantizar mayor seguridad jurídica a los alquileres con el fin de evitar nuevas ocupaciones y la consiguiente alarma social, así como una progresiva desincentivación de la salida al mercado de vivienda en régimen alquiler debido a la incertidumbre que puede generar esta situación entre algunos pequeños propietarios o promotores.
Esta es una preocupación, como recordó la conselleira, que ya le han trasladado a la Xunta representantes de los intermediarios inmobiliarios que operan en Galicia, administradores de hincas y agentes de la propiedad inmobiliaria. Por eso, le exigió al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón, y al secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, -que dirigieron la reunión en lugar del ministro José Luis Ábalos- mayores garantías jurídicas para poder agilizar los desalojos de viviendas ocupadas en el conjunto del país.
En otra orden de asuntos, la conselleira aprovechó la reunión para reiterar una vez más la necesidad de que el Estado autorice a la Xunta a utilizar los remanentes de crédito del Plan estatal de vivienda correspondientes a las anualidades de 2018 y 2019, para poder destinarlos a pagar ayudas que en el momento actual garanticen el mantenimiento de su hogar a un mayor número de gallegos.
En esta línea, insistió en que atender esta petición no supondría para el Ministerio hacer ningún ingreso adicional, puesto que se trata de remanentes que ya están en el Tesoro de la comunidad. Así, explicó que estas cuantías fueron ingresadas en su momento por el Estado y quedaron en las cuentas de la Administración autonómica porque no se abonaron a los beneficiarios de ayudas que no justificaron la totalidad o parte de la subvención concedida.
Dotación insuficiente y medidas de la Xunta ante la covid-19
A día de hoy, la conselleira señaló que aún no se recibió la autorización expresa del Gobierno para emplear dichos recursos públicos y que suman casi 5 millones de euros. “Estos fondos podrían destinarse a habilitar ayudas al alquiler e implicarían que Galicia ejecutó al 100 por cien del presupuesto consignado en las anualidades 2018 y 2019 del Plan estatal de vivienda”, remarcó durante su intervención ante la Conferencia Sectorial, en la que también participó el director general de Vivenda y Suelo del Ministerio, Francisco Javier Martín.
Al mismo tiempo, Vázquez Mejuto indicó que se trata de una cantidad que incrementaría la escasa financiación habilitada por el Estado para la convocatoria de ayudas que minimicen el impacto de la crisis de la covid-19. Recordó que a Galicia le correspondieron 5,7 millones de euros del fondo extraordinario del Gobierno, que la Xunta completó hasta llegar a los casi 8 millones de euros, disponiendo fondos de otros remanentes. En todo caso, la dotación inicial de esta línea de subvenciones -que se convocó el pasado 22 de mayo- será claramente insuficiente para atender a todos los posibles beneficiarios que cumplen en la comunidad las condiciones establecidas por el Estado.
Por otra parte, la conselleira de Medio Ambiente informó durante la sectorial de las medidas que la Xunta de Galicia estableció, sin mediación del Gobierno y por decisión propia, para ayudar a aquellos colectivos más vulnerables y a los que la crisis sanitaria pudo golpear con más fuerza. Concretamente, explicó su decisión de asumir que el Bono de alquiler social cubriría el 100% del importe de la renta de los beneficiarios del programa entre los meses de abril y diciembre, de manera que se estima que unas mil familias vulnerables no tendrán que abonar nada en concepto de alquiler durante este período.
