La Xunta lamenta que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana retrase ahora hasta 2021 la previsión de licitación de las obras de la reforma ferroviaria previstas para el desarrollo de la estación intermodal de A Coruña. Esta comunicación se produce casi un año después de que el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, anunciara en junio de 2019 la licitación las obras de remodelación ferroviaria por importe de 48,5 millones de euros.
El director general de Movilidad, Ignacio Maestro, participó hoy en una reunión por videoconferencia con representantes de Adif y del Ayuntamiento de A Coruña para abordar el desarrollo conjunto de la estación intermodal de la ciudad. En ese encuentro, Adif informó de la necesidad de acometer una actualización del proyecto constructivo de las obras de la terminal ferroviaria, que no podrá estar finalizada hasta comienzos del próximo año.
Adif comunica ahora este imprevisto después de guardar silencio durante casi un año sobre los motivos que estaban causando un retraso tan prolongado en la licitación anunciada.
En la reunión, las tres administraciones abordaron las cuestiones pendientes del acuerdo de colaboración para el impulso conjunto de la estación intermodal de A Coruña, que se espera poder cerrar definitivamente en próximas fechas.
La Xunta de Galicia, por su parte, mantiene el objetivo de licitar antes de que finalice este año 2020 las obras de construcción de la nueva estación de autobuses, incluyendo el aparcamiento.
El Gobierno autonómico está ultimando el proyecto constructivo de esa infraestructura e inició su tramitación urbanística, al amparo de la Ley 3/2016 de la Xunta de Galicia, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o excepcional interés. Este procedimiento se encuentra actualmente paralizado por la suspensión de procedimientos administrativos derivada de la declaración del estado de alarma.
La Xunta de Galicia ya trasladó de forma reiterada al Gobierno de España la necesidad de actuar para acabar con la paralización de los trámites administrativos y evitar de esa forma retrasos considerables en obras públicas y privadas que pueden agravar las consecuencias económicas de la crisis del COVID-19.
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