En este sentido, González recordó que la normativa comunitaria y española sobre competencia impide fijar unos mínimos para los productos agrícolas, pero sí se puede actuar para que la cadena de valor construya el precio de los productos del sector primario a partir del coste de producción de los agricultores y ganaderos, evitando así las ventas a pérdidas. En la misma línea, insistió en que la entrada en vigor de una norma específica en Francia y las posibilidades que ofrece la transposición de la normativa europea permiten ahora acometer la modificación de la legislación estatal, en concreto las leyes de Competencia Desleal, de Defensa de la Competencia y de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Por eso pidió al Gobierno central que “apure tanto esa transposición de la Directiva europea como la modificación de la normativa nacional”.
Se trata, -según destacó el conselleiro- de ahondar en la defensa de unas rentas dignas para el sector, en calidad de productor de alimentos sanos y de manera respetuosa con el medio ambiente. Porque en buena medida, añadió González, esas rentas dignas están condicionadas por la existencia de unos precios justos y que cubran sus costes de producción, con un margen de beneficio que se considere razonable.
En relación con la predisposición del ministro a atender las demandas de Galicia, el conselleiro reconoció que este es un tema “complejo”, pero que las modificaciones legales introducidas en Francia y en el ámbito comunitario permiten ahora “legislar con celeridad, buscando que los precios de nuestros productos cubran siempre los costes de producción más un margen de beneficio”
Por último, en esta reunión el conselleiro solicitó también al Gobierno central la constitución de grupos de trabajo con participación de las comunidades autónomas para el desarrollo del proceso de esa transposición de las normas comunitarias y de la necesaria revisión legislativa en el ámbito estatal.
Incentivos fiscales
Además, el conselleiro propuso en este encuentro la elaboración -por parte del Gobierno central- de una ley estatal de incentivos fiscales para la actividad agroganadera y forestal. En este aspecto, la Xunta considera necesario introducir en la normativa nacional -al igual que ya hizo la Administración autonómica en Galicia- medidas encaminadas a mejorar la fiscalidad de los ganaderos, agricultores y silvicultores, con el fin de que esas mejoras repercutan también en sus rentas.
Así, el conselleiro recordó que el Gobierno gallego ya ha legislado en esta materia, poniendo en marcha el programa de Impuestos Cero en el Rural, así como con diferentes ventajas en la tributación, tales como bonificaciones para el fomento de la compra de vivienda en zonas poco pobladas, del alquiler de inmuebles de carácter rústico o del asociacionismo en el sector agroganadero y forestal. Por eso, advirtió que ahora le toca al Gobierno central actuar, dentro de sus competencias.
Política Agrícola Comunitaria
Sobre el compromiso ambiental de los agricultores y ganaderos -especialmente en relación con la PAC-, González remarcó que ellos “son los más preocupados por esta cuestión y por lo tanto deben ser ellos los principales protagonistas de ese proceso”. En esta línea, el conselleiro valoró como positivo el trabajo del Ministerio de Agricultura en la materia y mostró la preocupación de la Xunta porque parte de las competencias sobre lo particular pasen a la Vicepresidencia de Transición Ecológica. “Demandamos que sea el Ministerio de Agricultura el que tutele esa sostenibilidad ambiental, siempre teniendo presente ese papel protagonista que deben tener los agricultores, ganaderos y silvicultores”, remarcó.
Gonzalez reiteró además la demanda al ministro de Agricultura en el sentido de que “haga fuerza” para que se mantengan los fondos de la Política Agrícola Comunitaria y que otras aportaciones europeas se orienten hacia el campo, teniendo en cuenta el compromiso ambiental de sus agentes.
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