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La Xunta lamenta el toreo y falta de diálogo del Gobierno central sobre la Ley de cambio climático

La Xunta lamenta la falta de diálogo del Gobierno central con el sector sobre la Ley de cambio climático y pide transparencia y rigor sobre...


La Xunta lamenta la falta de diálogo del Gobierno central con el sector sobre la Ley de cambio climático y pide transparencia y rigor sobre su impacto

Rosa Quintana y Ángeles Vázquez analizaron con los representantes del complejo marítimo-pesquero gallego los informes de la Asesoría Jurídica de la Xunta y del Consello Consultivo de Galicia que ven inconstitucional el artículo 18.4 del anteproyecto de Ley de cambio climático del Estado

El Ejecutivo gallego advierte de que el Ministerio para la Transición Ecológica actúa de espaldas al sector, con el que no se reunió en más de un año, y vierte informaciones falsas sobre el impacto de la normativa y la responsabilidad de la Xunta en el otorgamiento de las concesiones

La titular de Mar recuerda que la Administración autonómica solo regula una actividad para la que son preceptivos y vinculantes los informes del Gobierno central sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, por lo que no puede actuar sobre algo para lo cual no existe concesión

Galicia seguirá trabajando de la mano del sector en la defensa de sus intereses y con el objetivo de frenar una normativa que ponen en riesgo a más de un centenar de industrias asentadas en el litoral y la unas 5.000 edificaciones entre las que se incluyen colegios y centros de salud


Las conselleiras del Mar, Rosa Quintana, y de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, mantuvieron hoy un encuentro con distintos representantes de la cadena mar-industria de Galicia en el que constataron la ausencia total de diálogo por parte del Ejecutivo del Estado con los afectados desde que comenzó la tramitación del anteproyecto de Ley de cambio climático -hace más de un año- y que ponen en riesgo a más de un centenar de instalaciones marítimo-pesquerías ubicadas en el litoral gallego.

Esta reunión, celebrada tras la petición de los representantes del sector en los últimos días, sirvió para analizar diferentes aspectos del anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno central y abordar el riesgo que supone para la continuidad de muchas industrias en la costa gallega al limitar tanto los plazos de duración de las concesiones como de sus prórrogas.

La titular de Mar, que destacó la importancia de trabajar de la mano de la cadena mar-industria y de atender de manera inmediata sus inquietudes, lamentó que la Administración central actúe de espaldas al sector, sin escuchar sus demandas, y pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que deje de mentir y engañar a los afectados pues tanto la Asesoría Jurídica de la Xunta como el Consello Consultivo de Galicia dejaron bien claro que el artículo 18.4 de la Ley de cambio climático es inconstitucional.

Estos dictámenes advierten de que el artículo 18.4 tiene una eficacia retroactiva y afectaría tanto a los plazos de duración de las concesiones y de las prórrogas una vez que la norma entre en vigor como a la validez de los actos administrativos dictados al amparo de la normativa anterior. Este hecho, recordó Rosa Quintana, lleva la que el proyecto de ley sea inconstitucional al vulnerar el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Constitución.

Ante esta situación, las representantes del Ejecutivo gallego denunciaron que el Gobierno central está actuando con mala fe desde el primer momento, al introducir la modificación de la normativa de espaldas por la puerta de atrás, a través de Ley de cambio climático, y virtiendo informaciones falsas sobre el impacto de la normativa y la responsabilidad de la Xunta en el otorgamiento de las concesiones.

En este sentido, la titular de Mar advirtió de la incongruencia que supone que la propia ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico había admitido en su momento públicamente que el cambio en la normativa afectaría a alrededor de una treintena de industrias asentadas en la costa gallega y ahora asegure que no va a tener ningún impacto en el complejo mar-industria de Galicia.

En la misma línea, instó al Gobierno central a actuar con transparencia y rigor y pidió que deje de mentir al afirmar que la Xunta fue la única que emitió un informe en el que denegaba una prórroga a un establecimiento de acuicultura de la comunidad. El Ejecutivo gallego, recordó Rosa Quintana, solo regula la actividad que realizan las distintas industrias asentadas en el litoral pero es el Estado quien tiene que dar un informe preceptivo y vinculante sobre la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Por lo tanto, si la Administración central dice que no se puede renovar una concesión, difícilmente la Xunta va a poder regular una actividad que, al no poder ocupar los terrenos en los que está asentada, está condenada a desaparecer.

Las representantes de la Xunta trasladaron todo su apoyo a las distintas asociaciones del complejo mar-industria de Galicia y se comprometieron a seguir trabajando de su mano con el objetivo de frenar la aprobación de una normativa que ponen en riesgo la continuidad de más de un centenar de industrias asentadas en el litoral de la comunidad así como el futuro de otras 5.000 edificaciones (entre las que se encuentran colegios y centros de salud) situadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

 

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