En relación al documento de trabajo remitido por el Ministerio de Universidades para iniciar el proceso de elaboración de la nueva norma, La universidad que queremos, el conselleiro declaró que se estructura sobre una serie de asuntos alrededor de los que se proponen interrogantes a responder por los receptores del mismo, “un planteamiento que resulta anómalo y ni siquiera ofrece la información mínima que debe ponerse a disposición de los ciudadanos para el trámite de consulta pública previa”.
El representante de la Xunta de Galicia explicó que la Conferencia es un foro idóneo para abordar esta iniciativa normativa mediante debates y grupos de trabajo específicos en el seno de la propia Conferencia que analicen de forma sistemática las propuestas, integren aquellas en las que exista consenso y, “en definitiva, garanticen la igualdad de los participantes y el conocimiento plural del proceso de elaboración de la nueva ley”.
En este sentido recordó que este fue, precisamente, el modo de actuar en los años 2018 y 2019, cuando se abordaron asuntos como la redacción del decreto de organización de enseñanzas universitarias. Asimismo, el representante autonómico explicó que desde la entrada en vigor de la actual Ley Orgánica 6/2001 de Universidades “son muchos los debates, estudios y documentos elaborados por organizaciones, fundaciones, administraciones, universidades, consejos sociales…, cuyas conclusiones son un buen punto de partida para afrontar la nueva regulación de nuestro sistema universitario”.
Propuesta de anteproyecto
En lo referido al documento remitido desde el Ministerio como punto de partida para la elaboración normativa, el conselleiro señaló que el Ministerio de Universidades es lo que tiene la competencia para elaborar un anteproyecto de ley, “un primer borrador sobre el que trabajar y llegar a consensos enriqueciendo la redacción final con alegaciones concretas”.
La metodología de trabajo propuesta por el Ministerio de Universidades llevaría a una demora indeseable a la hora de abordar el anteproyecto y que solo conseguiría recoger “una serie de opiniones parciales” que no aportarán “nada positivo al debate, salvo dejar pasar semanas en un período de participación ciego”.
En lo referido al documento remitido desde el Ministerio como punto de partida para la elaboración normativa, el conselleiro señaló que el Ministerio de Universidades es lo que tiene la competencia para elaborar un anteproyecto de ley, “un primer borrador sobre el que trabajar y llegar a consensos enriqueciendo la redacción final con alegaciones concretas”.
La metodología de trabajo propuesta por el Ministerio de Universidades llevaría a una demora indeseable a la hora de abordar el anteproyecto y que solo conseguiría recoger “una serie de opiniones parciales” que no aportarán “nada positivo al debate, salvo dejar pasar semanas en un período de participación ciego”.
Financiación específica
Por otra parte, y ante la intención del Ministerio de Universidades de no aportar fondos finalistas para universidades a las comunidades autónomas, que deberán obtenerlos del reparto de fondos generales que reciban del Estado, Román Rodríguez solicitó un cambio de criterio a este respecto.
Insistió en que es necesario que el Ministerio asegure “una concreción específica y nominal de los fondos para las universidades, que complemente el esfuerzo que todas las CCAA están haciendo para financiar estas instituciones académicas”. En definitiva, que garantice una financiación suficiente y no se escude en transferencias indirectas, sin claridad.
Por otra parte, y ante la intención del Ministerio de Universidades de no aportar fondos finalistas para universidades a las comunidades autónomas, que deberán obtenerlos del reparto de fondos generales que reciban del Estado, Román Rodríguez solicitó un cambio de criterio a este respecto.
Insistió en que es necesario que el Ministerio asegure “una concreción específica y nominal de los fondos para las universidades, que complemente el esfuerzo que todas las CCAA están haciendo para financiar estas instituciones académicas”. En definitiva, que garantice una financiación suficiente y no se escude en transferencias indirectas, sin claridad.
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