Ley de Cambio Climático) La Xunta habla ya de inconstitucionalidad

La Xunta le traslada al Gobierno central su informe jurídico sobre la Ley de Cambio Climático, que concluye que el artículo 18.4 es "frontalmente inconstitucional"

La Asesoría Jurídica General de la Xunta determina que este apartado de la norma y el 18.3 son “contrarios a la seguridad jurídica”

Junto con el informe, las conselleiras de Medio Ambiente y del Mar enviaron una carta a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, en la que reiteran su preocupación por las repercusiones negativas de la ley en el litoral gallego


La Xunta de Galicia acaba de trasladarle al Gobierno central el informe, elaborado por la Asesoría Jurídica General, sobre la Ley de cambio climático, que concluye que el artículo 18.4 es “frontalmente inconstitucional”, además de determinar que este apartado de la norma y el 18.3 son “contrarios a la seguridad jurídica”.

El informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta fue enviado esta mañana por las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, y del Mar, Rosa Quintana, junto con una carta, en la que le reiteran a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que de no proceder a la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de ley, su redacción afectará a la seguridad jurídica del tejido que se encuentra en el dominio público marítimo terrestre.

“Una vez más queremos trasladarle nuestra preocupación por la inclusión del artículo 18 en la Ley de cambio climático. Los preocupan, especialmente, la redacción de los apartados 3 y 4 y sus repercusiones negativas en el litoral gallego, donde se realizan actividades respetuosas con el medio ambiente que constituyen el modo de vida de miles de familias gallegas”, comienza la misiva.

Las representantes autonómicas señalan que el Estado central no cesa en su objetivo y pretende ahora con la inclusión de los artículos 18.3 y 18.4 en la Ley de cambio climático establecer un nuevo precepto regulador de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

Tal y como explican, la redacción propuesta por el Ministerio del artículo 18.4 solo podría aplicarse a las concesiones anteriores a la Ley 2/2013, ya que el artículo 66 de la Ley de espaldas regularía a las que se concedieron después de esa fecha y por lo tanto la duración, de concesión y prórroga, no podrá superar los 75 años.

Indican además que es contrario al artículo 33.3 de la Constitución y que afectaría a los derechos integrados de los afectados, pues se verían privados anticipadamente de una concesión adquirida sin la correspondiente indemnización.

Modificación de dos normas

Por otra parte, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana recuerdan que esta no es la primera vez que se le traslada al Ministerio las repercusiones negativas sobre la regulación de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

En esta línea, abundan que la Xunta se mostró contraria a la modificación urgente del reglamento de la Ley de espaldas, con la que se pretendía limitar la duración de la prórroga extraordinaria de las concesiones en el DPMT, fijando la vigencia de la concesión en 75 años a contabilizar desde el momento de la concesión inicial.

Tal y como se argumentó en su momento, el único que fundamentaba esa regulación era un informe jurídico que no tenía en cuenta a sentencia del Tribunal Constitucional del año 2015, en la que se indicaba que no se podía negar al legislador de espaldas su margen de configuración de la duración de la prórroga extraordinaria y que no se estaba realizando una transcripción correcta del Dictamen del Consejo del Estado sobre el reglamento.

Las dichas consideraciones fueron aceptadas por parte del Ministerio, que suspendió la tramitación de la modificación reglamentaria, evitando de este modo cambios en los títulos de ocupación.

“Desde la Xunta de Galicia solicitamos la retirada de los artículos 18.3 y 18.4 del proyecto de Ley de cambio climático, ya que con su actual redacción afectará a la seguridad jurídica de todas las industrias ubicadas en la costa gallega. Y podrá llegar a suponer la pérdida de 37.000 puestos de trabajo y de 10.000 millones de euros”, concluyen las conselleiras.


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