Gobierno central está mudo ante el informe de la Xunta (que sigue esperando respuesta) sobre la Ley de Cambio Climático.



La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda mantuvo un encuentro con asociaciones de empresarios de la provincia de Pontevedra.

Ángeles Vázquez lamenta que el Gobierno central aun no diese respuesta al informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta sobre la Ley de cambio climático.

La conselleira de Medio Ambiente traslada el apoyo de la Xunta a las empresas asentadas en el litoral o que dan servicio a las mismas y señala el estado de inseguridad e incertidumbre que sufren por el impacto que pueda tener dicha norma

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, lamentó esta mañana que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aun no diese respuesta al informe de la Asesoría Jurídica de la Xunta sobre la Ley de cambio climático, enviado semanas atrás junto a una carta.

Ángeles Vázquez señaló que el Gobierno central “hace oídos sordos” a las demandas del Gobierno gallego y del tejido empresarial que se encuentra en el litoral, y que los deja en un estado de inseguridad jurídica e incertidumbre por el impacto que en su futuro pueda tener la Ley de cambio climático. En esta línea, recordó que, tal y como explica el informe jurídico, el artículo 18.4 de dicha norma es inconstitucional.

Esta mañana, la conselleira de Medio Ambiente aprovechó un encuentro con asociaciones de empresarios de la provincia de Pontevedra para brindarles el apoyo del Gobierno gallego ante el objetivo que se marca el Estado, al querer modificar por la puerta de atrás los plazos de concesión que las empresas tienen sobre el dominio público marítimo terrestre, dejando en la incertidumbre el futuro de las actuales empresas asentadas en el litoral, paralizando las inversiones de las mismas y desalentando la implantación de nuevas actividades.

“Un cambio que afectará, como mínimo, a un centenar de empresas de la cadena mar-industria y será un freno para el sector marítimo pesquero”, recordó Vázquez Mejuto, a lo que añadió que el Ejecutivo central conoce la oposición de la Administración autonómica a este cambio normativo, y cada vez son más las voces que se suman a esta denuncia, tanto desde Galicia como desde otros puntos del país.

Asimismo, la conselleira aclaró que la Xunta trasladó por escrito todas estas inquietudes no solo al Estado, sino también a los ayuntamientos gallegos con dominio público marítimo terrestre, para que conozcan el alcance y las consecuencias de estas decisiones; pero sobre todo porque “la Xunta no oculta, informa”.

Por otra parte, Ángeles Vázquez aprovechó la reunión con los empresarios para trasladarles que la Xunta es la única Administración pública que aplica bonificaciones a la adquisición de suelo empresarial de hasta un 50%. Gracias al esfuerzo realizado en los últimos años, se adjudicaron cerca de 2,34 millones de metros cuadrados, con bonificaciones y en derecho de superficie, que suman un importe global de 77,8 millones de euros.

Indicó que en este año se abre una tercera vía para facilitar el acceso al suelo empresarial como es a través del arrendamiento, por lo que por primera vez se realiza una oferta pública de parcelas a alquileres muy reducidos.

La conselleira destacó que en el suelo promovido al 100% por la Xunta se dará continuidad a la política de incentivos, por lo que también esta mañana en una reunión de la Sociedad Empresarial del Atlántico (SEA), solicitó a esta entidad estatal -junto con Sepes- que realice el mismo esfuerzo y que pondere las oportunidades que ofrece el suelo empresarial del que dispone en Galicia, para así hacerlo atractivo para el asentamiento de empresas en la Comunidad y evite el asentamiento en otras regiones.

Además, señaló que el Gobierno gallego oferta suelo empresarial a través de Xestur y en este año sacó a la venta más de 857.000 m2 de suelo a precio bonificado, en un 30 y 50%, un total de 280 parcelas en 17 ayuntamientos. En la actualidad, se están analizando las ofertas presentadas 20 empresas. En el caso concreto de la provincia de Pontevedra, hay un total de 44 parcelas, que suman 182.312 m2 y que están localizados en los parques de Arbo, Lalín, Mos, A Reigosa en Ponte Caldelas y Silleda.

Sobre esto, añadió que esta oferta de suelo de Xestur se completa con la del Instituto Gallego de Vivenda e Solo, que en las próximas semanas convocará el concurso de venta o adjudicación en derecho si superficie del suelo por el cual se pone a disposición de las empresas más de 1,4 millones de m2 de suelo bonificado repartidos en 545 parcelas en un total de 48 ayuntamientos.

Asimismo, Ángeles Vázquez destacó que en la provincia de Pontevedra hay una actuación destacada, como es el suelo en la Plataforma Logística Salvaterra-As Neves, en la que la Xunta es uno de los tres promotores junto con la Zona Franca y la Autoridad Portuaria de Vigo, y que está considerada como un área empresarial estratégica para Galicia. Avanzó que en la próxima semana se celebrará una comisión de seguimiento en la que impulsará un acuerdo para mantener las condiciones de venta de suelo empresarial del pasado año.

Por último, la conselleira de Medio Ambiente subrayó que el Gobierno gallego no solo ofrece suelo empresarial bonificado, sino que también trabaja un marco legislativo que ofrezca seguridad y estabilidad, gracias a la Ley de desarrollo de áreas empresariales de Galicia, que ese encuentra en período de consultas hasta el 15 de mayo, por lo que invitó a los empresarios a trasladar sus aportaciones y contar con un documento de consenso.

Explicó que entre sus objetivos principales está el impulso de instrumentos de implantación de áreas empresariales y de proyectos industriales en la Comunidad, la mejora de su eficacia y la concreción de los sistemas de gestión de estas áreas una vez finalizadas; así como definir una distribución de áreas estratégicas, que en la provincia de Pontevedra destacan el suelo empresarial en el ayuntamiento de Mos y el de la Plisan.

La conselleira concluyó que todas estas medidas e incentivos puestos en marcha por el Gobierno gallego responden a la necesidad de facilitar el asentamiento de empresas en la Comunidad gallega, apoyándolas especialmente en un momento tan difícil como el actual.

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