A propósito de la maniobra gubernamental que -entre otras cosas- pone contra la pared la continuidad de Ence en los terrenos que actualmente ocupa, en Pontevedra, el secretario general de Comisiones Obreras en la zona, el veterano sindicalista José Luis García Pedrosa, acaba de hacernos llegar un interesante artículo que no solo resume el posicionamiento sindical al respecto, sino que resulta un texto de especial interés que no tiene desperdicio. Veamos...
CC.OO. ACUSA AL GOBIERNO DE ACTUAR DE FORMA
TORTICERA CON LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 18 DEL
PROYECTO DE LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO.
El Gobierno hizo caso omiso del preceptivo dictamen del Consejo de Estado para intentar
que, una vez aprobado el proyecto, se pueda aplicar con efectos retroactivos.
La redacción actual del articulo 18.4 del Proyecto de Ley de Cambio Climático establece:
“Los plazos de duración de los titulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre se computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus
prórrogas, de ser éstas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo nulos de pleno derecho los actos
administrativos dictados en incumplimiento de lo previsto en este articulo”.
Esta redacción no resulta inocua y además es perfectamente intencionada, puesto que el
Consejo de Estado, en su dictamen preceptivo al Anteproyecto que le remitió al Gobierno, manifestó con absoluta claridad que esta regla sólo puede aplicarse a los actos administrativos que se dicten con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley y por eso señaló en concreto que “… procedería sustituir la expresión “dictados” por “que se dicten”, con el fín de dejar claramente establecido que se trata de los actos posteriores a la Ley…”
De este modo, el gobierno hizo caso omiso a esta trascendente indicación de su Máximo
Órgano Consultivo y mantuvo la redacción del Anteproyecto en el Proyecto de Ley que ha
remitido al Parlamento.
A CC.OO. no nos cabe duda que el objetivo que persigue el Gobierno es dar amparo, después de producido el hecho y desde una Ley, a los allanamientos que ya se realizaron por la Administración en los pleitos sobre la prórroga de la concesión a Ence en Pontevedra. Unos juicios en los que el Estado mantuvo la tesis (límite de duración de las concesiones más sus prórrogas de 75 años) que ahora se refleja en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y que deroga la Ley 2/2013, de reforma de la Ley de Costas en este extremo.
Con la redacción propuesta por el Gobierno, éste podría actuar contra actos administrativos dictados antes de su promulgación, como la Orden Ministerial de enero de 2.016 de prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra.
Esta inadmisible conducta del Gobierno, que ataca la seguridad jurídica de una empresa que genera miles de puestos de trabajo del sector industrial y forestal de Galicia, y que por lo tanto, genera una más que razonable incertidumbre a miles de familias, es una actuación que merece la total reprobación de CC.OO.
Una actuación del Gobierno que se produce tras una tremenda crisis económica, tras otra no menos trascendente crisis provocada por la pandemia y en una situación de crisis industrial sostenida en Galicia, en la que están desapareciendo miles de puestos de trabajo.
Porque la situación es de tal magnitud, es por lo que CC.OO. estamos impulsando
decididamente la movilización en Ence, en Alcoa, en Gamesa y todas aquellas empresas que tienen viabilidad y que intereses ajenos a los trabajadores pretenden cerrar, porque sólo desde la calle y a través de la movilización es posible conseguir el mantenimiento del empleo.
Asdo. : Xosé Luis García Pedrosa.
Secretario de Organización.
U.C. de CC.OO. de Pontevedra.
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