La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, lamenta la falta de respuesta por parte del delegado del Gobierno, Javier Losada, a su ruego de reunión para abordar conjuntamente el problema de las ocupaciones. “Hace diez días que esta Consellería solicitó un encuentro y hasta el momento nos obtuvimos respuesta por parte del representante del Estado en Galicia”, denunció la responsable del Gobierno gallego en materia de Vivienda.
La conselleira indicó que las ocupaciones son un problema de orden pública que genera cada vez mayor inquietud social pero también una creciente inseguridad jurídica entre los propietarios de inmuebles, lo que repercute en la propia dinámica del sector inmobiliario. Esta realidad también la constatan las comunidades de vecinos, que también reclaman una intervención por parte del Estado, como administración competente.
Tal y como manifestó la conselleira, la Xunta tiene claro qué es lo que se debe hacer, por lo que insta al Gobierno al endurecimiento de las penas; por lo que es necesario un marco jurídico duradero, eficaz y definido que sirva para disuadir del delito y eliminar la sensación de impunidad entre los vecinos y a la vez, garantice agilidad en los procedimientos judiciales cuyo fin es devolver los inmuebles ocupados a sus propietarios.
Otras medidas que propone la Xunta son que las comunidades de propietarios puedan instar al desalojo y que se establezcan medidas cautelares en las primeras horas de la ocupación ilegal.
Señaló que la reciente decisión de la Fiscalía de dictar una instrucción clara y común para el conjunto del Estado con la que unificar los criterios de actuación frente a las ocupaciones en todo el país es un paso importante pero insuficiente por sí sola.
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