La Xunta solicita una regulación estatal frente a la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Así lo trasladó hoy la directora general de Evaluación y Reforma Administrativa y secretaria general de la Igualdad por delegación, Natalia Prieto, en la reunión entre las comunidades autónomas con la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rossell.
En esta línea, el Gobierno gallego solicita un marco legal unificado para todas las comunidades con el objetivo de actuar en los clubes de alterne, toda vez que estos establecimientos están sujetos a la normativa según el tipo de licencia de actividad concedida por las entidades locales.
En el encuentro de hoy, el Gobierno central avanzó que en la segunda quincena de este mes de septiembre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Noelia Vera, se reunirán con los responsables autonómicos en este ámbito. Galicia volverá a solicitar en esa reunión herramientas jurídicas a nivel estatal frente a la prostitución.
Natalia Prieto incidió en la necesidad de dotar de recursos residenciales y asistenciales para la atención de las necesidades de estas víctimas que les permitan romper el ciclo de explotación y salir de este entorno de vulnerabilidad, en especial en la actual situación excepcional derivada de la crisis sanitaria de la covid-19.
La Xunta convoca anualmente una orden de ayudas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual y/o a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral. El Gobierno gallego destina a estas subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, un importe anual de 480.000 euros.
Galicia también es pionera en la implicación de la Administración autonómica en la lucha contra esta lacra, con la firma en enero de 2010 del protocolo entre la Fiscalía Superior de Galicia y la Xunta sobre la adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Además, la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, recoge la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como una forma de violencia de género.
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