Diputados y senadores del PP por Pontevedra condenan el pacto entre Caballero (FEMP) y el Gobierno
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Los diputados y senadores del P.P. en la provincia de Pontevedra se oponen a lo que consideran "un chantaje para los ayuntamientos y diputaciones y un ataque sin precedentes a la autonomía local".
"Las entidades locales se han comportado a lo largo de esta crisis sanitaria y económica con absoluta lealtad, han asumido gastos de competencias que no son suyas, han colaborado en todo lo necesario para tratar de gestionar en el peor momento y han tratado de ir dando soluciones como administración más cercana. Lo han hecho sin recibir absolutamente ningún ingreso, sino que lo han financiado con sus presupuestos", resaltan los diputados y senadores pontevedreses del PP.
"Y todo añadido a la responsabilidad ejercida durante la anterior crisis, en la que han generado remanentes y superávits como ninguna otra administración ha realizado, a base de privarse de muchas cosas y controlando el gasto ejecutado", argumentan.
Para los diputados y senadores populares, "el Gobierno de España, lejos de tener esto en cuenta, y acuciado por sus problemas de liquidez, somete a todos los ayuntamientos a un chantaje sin precedentes para disponer de los 15.000 millones de tesorería".
Las EE.LL. solicitaron, por unanimidad, al Gobierno de España poder utilizar el 100% de su remanente de tesorería para gastos generales como recurso imprescindible para las entidades locales, flexibilizar la regla de gasto, un fondo de 5.000 millones € incondicionado para todas las entidades locales, con atención especial a aquéllas que no dispusieran de Remanente de Tesorería o consideradas en situación de riesgo financiero, otro fondo de fondo para el sostenimiento del transporte público urbano colectivo, y un tercer fondo para la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
“El Gobierno de España ha utilizado esa necesidad y, en vez de otorgar a todos los ayuntamientos esas facilidades sin condiciones, tal y como ha hecho con otras administraciones públicas, les somete a un chantaje sin precedentes obligándoles a ceder sus ahorros para así conseguir financiación para sus políticas de gasto”, denuncian.
Los diputados y senadores populares rechazan además, que "esta sea la única vía para poder usar los remanentes, como afirma el Ministerio de Hacienda", y recuerdan que ya hay precedentes, con la legislación en vigor, que han permitido su utilización en parte. “Es una mentira más que les sirve como excusa para conseguir el dinero de la caja de los ayuntamientos”, afirman.
"Las entidades locales se han comportado a lo largo de esta crisis sanitaria y económica con absoluta lealtad, han asumido gastos de competencias que no son suyas, han colaborado en todo lo necesario para tratar de gestionar en el peor momento y han tratado de ir dando soluciones como administración más cercana. Lo han hecho sin recibir absolutamente ningún ingreso, sino que lo han financiado con sus presupuestos", resaltan los diputados y senadores pontevedreses del PP.
"Y todo añadido a la responsabilidad ejercida durante la anterior crisis, en la que han generado remanentes y superávits como ninguna otra administración ha realizado, a base de privarse de muchas cosas y controlando el gasto ejecutado", argumentan.
Para los diputados y senadores populares, "el Gobierno de España, lejos de tener esto en cuenta, y acuciado por sus problemas de liquidez, somete a todos los ayuntamientos a un chantaje sin precedentes para disponer de los 15.000 millones de tesorería".
Las EE.LL. solicitaron, por unanimidad, al Gobierno de España poder utilizar el 100% de su remanente de tesorería para gastos generales como recurso imprescindible para las entidades locales, flexibilizar la regla de gasto, un fondo de 5.000 millones € incondicionado para todas las entidades locales, con atención especial a aquéllas que no dispusieran de Remanente de Tesorería o consideradas en situación de riesgo financiero, otro fondo de fondo para el sostenimiento del transporte público urbano colectivo, y un tercer fondo para la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
“El Gobierno de España ha utilizado esa necesidad y, en vez de otorgar a todos los ayuntamientos esas facilidades sin condiciones, tal y como ha hecho con otras administraciones públicas, les somete a un chantaje sin precedentes obligándoles a ceder sus ahorros para así conseguir financiación para sus políticas de gasto”, denuncian.
Los diputados y senadores populares rechazan además, que "esta sea la única vía para poder usar los remanentes, como afirma el Ministerio de Hacienda", y recuerdan que ya hay precedentes, con la legislación en vigor, que han permitido su utilización en parte. “Es una mentira más que les sirve como excusa para conseguir el dinero de la caja de los ayuntamientos”, afirman.
"Desde el Congreso y el Senado se venía alertando por parte de los Grupos Parlamentarios de esta situación, que se ha materializado en un acuerdo de la FEMP en el que el partido socialista se ha quedado sólo, llegando a necesitar el voto de su Presidente, el Alcalde de Vigo, Abel Caballero", refiere una nota de los parlamentarios populares.
“Veremos cómo los concejales del partido socialista en la provincia de Pontevedra les van a explicar a sus vecinos que el dinero de sus impuestos se va a ir a la caja de Gobierno de España y no podrá ser invertido en la mejora de sus servicios”, resaltan.
Particularmente grave les parece el papel que ha jugado el Alcalde de Vigo Abel Caballero, un defensor, hasta el día de ayer, de la utilización de los remanentes generados por los ayuntamientos en los propios ayuntamientos. “Es sorprendente que haya sido precisamente él el que con su actuación y con su voto haya posibilitado este verdadero atraco a todos los concellos. Ha antepuesto los intereses de su partido a los de sus vecinos, ha causado un daño irreparable a los ayuntamientos y a todos los vigueses”, lamentan.
El grupo de diputados nacionales y senadores en la provincia de Pontevedra donde se sitúan María Ramallo, Diego Gago, Javier Bas, Javier Guerra, Pilar Rojo y Elena Muñoz, todos con conocimiento de causa de lo que significa gestionar una administración municipal, anuncian que no se quedarán callados ante "este auténtico atropello". “Nuestro deber es defender a los vecinos de nuestros concellos en particular y la autonomía local en general. Ésta es una decisión injusta, discriminatoria y sienta un precedente muy peligroso, rompiendo un consenso histórico en la FEMP. Por eso vamos a seguir denunciándolo y presentaremos iniciativas en Congreso y Senado. No nos vamos a callar”, concluyen.
“Veremos cómo los concejales del partido socialista en la provincia de Pontevedra les van a explicar a sus vecinos que el dinero de sus impuestos se va a ir a la caja de Gobierno de España y no podrá ser invertido en la mejora de sus servicios”, resaltan.
Particularmente grave les parece el papel que ha jugado el Alcalde de Vigo Abel Caballero, un defensor, hasta el día de ayer, de la utilización de los remanentes generados por los ayuntamientos en los propios ayuntamientos. “Es sorprendente que haya sido precisamente él el que con su actuación y con su voto haya posibilitado este verdadero atraco a todos los concellos. Ha antepuesto los intereses de su partido a los de sus vecinos, ha causado un daño irreparable a los ayuntamientos y a todos los vigueses”, lamentan.
El grupo de diputados nacionales y senadores en la provincia de Pontevedra donde se sitúan María Ramallo, Diego Gago, Javier Bas, Javier Guerra, Pilar Rojo y Elena Muñoz, todos con conocimiento de causa de lo que significa gestionar una administración municipal, anuncian que no se quedarán callados ante "este auténtico atropello". “Nuestro deber es defender a los vecinos de nuestros concellos en particular y la autonomía local en general. Ésta es una decisión injusta, discriminatoria y sienta un precedente muy peligroso, rompiendo un consenso histórico en la FEMP. Por eso vamos a seguir denunciándolo y presentaremos iniciativas en Congreso y Senado. No nos vamos a callar”, concluyen.
