Xunta y trabajadores reclaman a Madrid precio eléctrico estable y auditoría para Alu Ibérica

El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, junto al conselleiro de Economía, Empleo e Industria en funciones, Francisco Conde, se reunieron hoy con el comité de empresa de Alu Ibérica con el que acordaron solicitar por escrito al Gobierno central que haga una auditoría técnica y financiera del contrato de venta de la factoría y que se traslade a la Mesa del Diálogo Social en España la necesidad de establecer un precio eléctrico competitivo para la industria electrointensiva.

Al término de la reunión, Conde subrayó que Xunta y comité de empresa tienen una “visión compartida” ante “un objetivo común”, que es defender los intereses de los trabajadores y, por lo tanto, que se establezcan garantías para que la planta de Alu Ibérica pueda mantener sus puestos de trabajo más allá del 2021.

Esas garantías, según Conde, pasan, en primer lugar, por que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establezca un precio eléctrico competitivo en igualdad de condiciones que el resto de países europeos y se pueda garantizar así la producción de aluminio primario en Galicia. Por eso, Xunta y comité de empresa van a reclamar conjuntamente que haya un acuerdo a nivel nacional entre Gobierno y sindicatos en la defensa de esta industria.

En segundo lugar, señaló la necesidad de que el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, haga una auditoría técnica y financiera para evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados entre Alcoa y Parter hace un año y se garanticen esos compromisos hasta junio de 2021.

La Xunta sigue estando del lado de los trabajadores, defendiendo el mantenimiento de sus empleos, y ofreciendo a mano tendida al Gobierno para colaborar y conseguir una solución. En este sentido, es necesario que desde la Administración central se convoque la subasta de interrumpebilidad para el segundo semestre del año, se incremente el presupuesto de las compensaciones por emisiones de CO2, y se apruebe el Estatuto para los consumidores electrointensivos en base a los alegatos presentados por los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Cantabria, por los trabajadores y por la propia industria. En definitiva, es imprescindible fijar un precio eléctrico estable para que el sector pueda competir en iguales condiciones que el resto de Europa.




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