El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, informó esta mañana que el ayuntamiento de Ponte Caldelas será “el único responsable” en caso de un posible accidente de tráfico tras la instalación de dos arcos de desinfección sin autorización en una carretera autonómica.
José Manuel Cores Tourís matizó que, antes de que ejecutara la obra, se le informó al alcalde de la localidad, Andrés Díaz, que debía solicitar el permiso pertinente, “cosa que no hizo”.
El responsable territorial añadió que ya se le dio traslado al ayuntamiento de Ponte Caldelas del informe realizado por el Servicio de Infraestructuras de Pontevedra en el que queda evidenciada la necesidad previa de presentar una solicitud ante la administración responsable de la vía antes de la colocación de esta instalación.
A través de este informe se le requiere al ayuntamiento de Ponte Caldelas que presente la solicitud pertinente de autorización en un plazo de siete días, que debe incluir una memoria explicativa de las instalaciones provisionales, un plano de planta de ambas instalaciones, los planos de las dimensiones de los pórticos, una memoria de cálculo de la estructura y un plano de señalización. También debe aportar la definición de los dispositivos de protección de los elementos verticales de la estructura situados en la calzada, dado que los pórticos están situados en los carriles de salida de glorietas, y un plano en el que se justifique que el radio de giro de los vehículos rígidos no afectan a los elementos verticales de los pórticos. “Por supuesto, a mayores, también tiene que informar a la Xunta del planteamiento del producto desinfectante utilizado con informe de no afectación a usuarios de la carretera”, añadió Cores Tourís.
En el informe del Servicio de Infraestructuras de la Delegación de la Xunta en Pontevedra enviado hoy al ayuntamiento de Ponte Caldelas se le detalla que la instalación de dos arcos desinfectantes en la PO-532 y en la PO-255 se pusieron en marcha sin la preceptiva autorización de esta administración, “por lo que cualquier reclamación/accidente derivada del funcionamiento de las mismos será responsabilidad del Ayuntamiento de Ponte Caldelas”.
En la Ley de Carreteras de Galicia, según continúa el informe, se establece que la ejecución de obras, instalaciones o la realización de cualquier otra actividad en la zona de dominio público de la carretera o en las zonas de protección está sujeta al deber de dotar la correspondiente autorización previa, salvo que expresamente sea permitida por esta ley o por su reglamento”. Por lo tanto, la competencia para la ejecución de obras, instalaciones o la realización de cualquier otra actividad en la zona de dominio público de la carretera o en sus zonas de protección correspondiente a la administración titular de la carretera, en este caso, la Xunta de Galicia. De hecho, en esta ley también se especifica que en la calzada y en sus aceras solo se podrán autorizar aquellas instalaciones provisionales, con un plazo fijado, asociadas a actividades de interés o uso público.
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