La ferrolana ministra comunista "confisca" a Galicia 100 millones destinados a políticas de empleo

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, participó hoy por videoconferencia en la Conferencia Sectorial de Empleo

La Xunta lamenta que el Gobierno rompa el consenso con las comunidades autónomas y no transfiera a Galicia los 100 M€ que le corresponden para formación

Conde asegura que con esta decisión el Gobierno deja a un lado “el diálogo y la corresponsabilidad” con las autonomías en materia de políticas activas de empleo
“El Gobierno rompe las oportunidades para que Galicia y su tejido productivo puedan salir de esta situación en mejores condiciones desde el punto de vista económico y, también, desde el punto de vista social”, subraya
En relación a las dudas generadas por el decreto que establece el cese de las actividades industriales no esenciales, el conselleiro remarca que el Gobierno debe trasladar con transparencia y con seguridad jurídica cuáles se pueden desarrollar

Jarro de agua fría a la reactivación de la formación para el empleo en Galicia. El gobierno central ha aprobado una nueva medida -recogida en el Real Decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros- que dificulta la puesta en marcha de estas políticas activas de empleo. //// El Gobierno hace modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por la que, de manera excepcional, permitirá que la cuota de formación profesional para el empleo que pagan empresas y trabajadores se destine a financiar cualquiera de las prestaciones y subsidios por desempleo debido al impacto de la crisis sanitaria. Esto supone un recorte de 100 millones de euros para Galicia, más de 400 para -por ejemplo- Andalucía y más de 2.300 millones al conjunto del sistema autonómico.

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, lamentó hoy la decisión del Gobierno de no asignar ningún tipo de fondo para políticas activas de empleo vinculadas a la formación. Según dijo, esto supone que Galicia no pueda acceder este año a los cerca de 100 millones de euros que le corresponderían para este fin, lo que significa romper “el consenso, el diálogo y la corresponsabilidad” que el Ejecutivo debía mantener con las comunidades autónomas.

“Es una situación sobrevenida que no entendemos y que va a suponer una pérdida de oportunidades”, aseguró el conselleiro. “Supone intentar limitar las competencias de la comunidad autónoma, atacar el principio de suficiencia financiera y, por lo tanto, es una decisión que rompe cualquier tipo de diálogo y de consenso en un contexto en el cual lo que necesitan los ciudadanos es, precisamente, una respuesta conjunta de las administraciones”, enfatizó.

De acuerdo a lo previsto, a Galicia se le van a atribuir 81 millones de euros correspondientes a las partidas de empleo y modernización, pero no los fondos para formación. Estos fondos alcanzarían cerca de los 100 millones de euros este año si en el reparto final se aplicara un incremento porcentual similar a 2019. No obstante, el Gobierno decidió no incluirlos en el reparto.

En palabras de Conde, esta decisión implica que los trabajadores y las empresas no podrán acceder a los diferentes instrumentos que en este momento se estaban desarrollando conjuntamente para incrementar la competitividad del tejido empresarial: formación en la Industria 4.0, en la automoción, en el naval, formación en las empresas, talleres o programas integrados de empleo, entre otras iniciativas.

“El Gobierno rompe las oportunidades para que Galicia y su tejido productivo puedan salir de esta situación en mejores condiciones desde el punto de vista económico y, también, desde el punto de vista social”, lamentó Conde, para remarcar que “la mejor política social que podemos desarrollar es una política de empleo, y denegando a Galicia 100 millones de euros se le están denegando oportunidades a los trabajadores y a las empresas, provocando una situación preocupante hacia el futuro”.

Transparencia y seguridad jurídica
En relación a las dudas generadas por el decreto que establece lo cese de las actividades industriales no esenciales, el conselleiro subrayó que el Gobierno debe trasladar con transparencia y, sobre todo, con seguridad jurídica, qué actividades se pueden desarrollar.
En ese sentido, recordó que ayer mismo la Xunta le trasladó a la Delegación del Gobierno en Galicia una serie de actividades que en la Comunidad se consideran esenciales y que serían compatibles con el desarrollo del decreto. Una solicitud que se produce tras enviar también el pasado lunes sendas cartas tanto a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, como al secretario general de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, para que aclararan todas las dudas recogidas entre los distintos sectores económicos gallegos.
Conde apuntó que la Xunta espera tener una respuesta “igual que se le está trasladando a otras comunidades autónomas”. Según dijo, es imprescindible para que el tejido productivo gallego pueda desarrollar su actividad con total seguridad y atender sus compromisos en el mercado internacional dando cumplimiento al decreto aprobado por el Gobierno y colaborando, al mismo tiempo, en la contención del virus.

La ministra gallega Yolanda Díaz, del sector comunista
de Podemos, tiene ya la respuesta de varias comunidades
autónomas que le advierten tras la confiscación de 2.300 millones
que habría llevado a cabo : «Es un menosprecio del Ministerio
de Trabajo al papel que realizan las comunidades autónomas para
crear empleo, ya que elimina, prácticamente, cualquier posibilidad
de poner en práctica las políticas activas, ya sea de formación
o cualquier otro tipo de incentivo, limitando severamente
la posibilidad de colaborar en la recuperación de la normalidad
en el menor tiempo posible»