El "monumento a la precariedad" al que puso coto un Juzgado de lo Social

Hace más de un año, en el inicio de 2019, el sindicato Comisiones Obreras acusaba abiertamente al Gobierno de la Deputación de Pontevedra de llevar a cabo una serie de presuntas irregularidades en el llamado plan de práctica laboral que se había puesto en marcha en los últimos años.
"Hai uns bolseiros que están a facer labores de traballador, tanto en horario como en responsabilidade", señaló el secretario comarcal de CC.OO., José Ramón Piñeiro. Era una rueda de prensa, cuando arrancaba enero de 2019, en la que el veterano sindicalista José Luis García Pedrosa lo decía alto y claro : "aquí hai un marrón considerable", preguntándose de paso si "unha vez que acabe o prazo da bolsa, vaise despedir a estos traballadores?".

La denuncia sindical no era pues cualquier cosa. Becarios que, supuestamente, hacían lo que no tenían que hacer. Tanto era así que, según el sindicato CC.OO., la Inspección de Trabajo entendería que deberían de convertirse en contratos indefinidos las becas de 38 personas, al fin y al cabo trabajadores... becarios haciendo labores de trabajadores de la Deputación. Los representantes de CCOO señalaban entonces que aquellas becas acababan de prorrogarse por 6 meses y que la Inspección evidenciaba que "hai unha necesidade de traballo" que debería ser cubierta con personal con plenas garantías.

En aquel entonces, la señora Presidenta de la Deputación de Pontevedra, la socialista Carmela Silva (que gobierna en coalición con el BNG de César Mosquera) ponía por mentirosos a los sindicalistas antes citados asegurando que lo denunciado por aquellos "é mentira; absolutamente falso". En el de paso ahí va una de propina, Silva aseguró nada menos que el sindicato Comisiones Obreras es "a correa de transmisión do Partido Popular".
Preguntada entonces por el papel de la Inspección de Trabajo, Carmela Silva aseguraba que están analizando a todas las administraciones de España y que, al contrario de lo defendido por CCOO, "recibimos un informe da inspección decindo que non se vai a sancionar. O que di é que consideran que deberían ser contratos laborais, non que o sexan", vino a decir.

En la segunda quincena de enero de 2019, tras los elogios recibidos por parte de la Presidenta de la Deputación, los de Comisiones Obreras estimularon a los becarios del organismo provincial a demandar cuanto antes las presuntas irregularidades que con ellos se estarían cometiendo... "O que se demostra cos becarios é que están facendo un traballo de persoal laboral encuberto", insistía entonces un sindicalista-jerarca superior a los antes citados, José Ramón Piñeiro, secretario comarcal de Comisiones Obreras (CC.OO.), al referirse a la situación de las personas que se encuentran en el plan de prácticas laborales de la Deputación Provincial. 

Es decir : negando y descalificando, Silva había logrado que Comisiones se calentase aún más. Piñeiro arremetió contra la presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, indicando que los datos que manejaban desde el sindicato procedían de la Inspección de Trabajo porque los servicios de la Deputación se negaron a facilitarles la información. "Iso significa que algo queren ocultar", explicó entonces el máximo representante comarcal de CC.OO.

Comisiones hablaba entonces, inicio de 2019, de que habría unas 200 personas relacionadas con las becas del organismo provincial y que "podrían estar realizando tareas de personal laboral en lugar de estar formándose". Según Comisiones Obreras hablaba entonces, la Inspección de Trabajo vería como contratos indefinidos las situaciones laborales de hasta 38 de estos becarios y por eso invitaban "a que todas las personas que se encuentren en esta situación presenten cuanto antes una demanda ante el Juzgado de lo Social o la Inspección de Trabajo para que vean reconocidos sus derechos".

Los sindicalistas exigieron al Gobierno de la Presidenta Silva que transformase al personal en prácticas irregulares convirtiéndolos en trabajadores indefinidos, al tiempo que hablaban de una "muy deficiente actuación" por parte de la Deputación en relación con este asunto.
José Luis García Pedrosa, secretario de organización comarcal de CC.OO., calculaba en unos 178.000 euros, según los datos de la Inspección, la cantidad que la Deputación debería de retribuir a la Seguridad Social al detectarse que 38 jóvenes en prácticas deberían ser en realidad... contratos laborales.

Entró a rebufo en el asunto la Oposición al Gobierno provincial, el PP con su entonces portavoz Ángel Moldes pidiendo papeles y el Gobierno de la señora Silva negándoselos. Moldes dijo creer que el hecho de que se estuviese "ocultando" la información requerida, les hacía pensar que las denuncias de los sindicatos sobre la existencia de una situación irregular "son reales".
El Gobierno provincial de la Deputación de Pontevedra divulgaba entonces un informe del secretario general que concluía que no podía facilitar al Partido Popular el acta de la Inspección laboral sobre la situación de los becarios...

Tras un recurso por parte de la Oposición, la Presidencia provincial siguió en las mismas; esgrimiendo una resolución en la que, junto a reiterar argumentos negando lo solicitado por el PP,  el secretario añadía que el requerimiento de la Inspección de Trabajo esta siendo "objeto de análisis y estudio" para decidir la actuación administrativa y en su caso procesal a seguir, por lo que "dar publicidad en estos momentos perjudica los intereses de la Deputación y en su caso el de terceros" y añade que es por eso que se requiere "alto grado de confidencialidad" en este proceso de toma de decisiones.
Al portavoz popular solamente le quedó el derecho al pataleo. Así, Ángel Moldes señalaba que "esta falta absoluta de transparencia nos hace pensar que muy mal se estuvieron haciendo las cosas en la Deputación en materia de empleo y formación durante este mandato para querer ocultar esta información a toda costa".

Todo esto hace un año largo atrás... Ahora, en este tiempo de crisis del Covid-19, se ha sabido que la Justicia da la razón a la Seguridad Social, por ende a los becarios y no al Gobierno de la Presidenta Silva. Y claro, deja en evidencia que los de Comisiones Obreras, cuando denunciaron lo que denunciaron, tenían razón... 

La sentencia puede ser recurrida, pero por el momento ahí está... O sea que aquellos 38 becarios estaban siendo puestos a trabajar como si fuesen -digamos- unos empleados normales. 

El Juzgado de lo Social número 4 de Pontevedra, del que es titular doña Aránzazu Fernández Rodríguez, estimó el 12 de mayo pasado, la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la Diputación de Pontevedra. O sea que, cuando menos esos 38 becarios ejercerían labores que iban más allá de lo establecido en sus contratos... por lo que deberán de ser reconocidos como trabajadores ordinarios.

Los del sindicato CC.OO sacaron pecho, no en vano ellos -recuerdan- advirtieron de esta "situación irregular" incluso antes de que la Inspección de Trabajo denunciara el caso, explicando que estos becarios hacían el mismo trabajo que si fuesen personal laboral "pero sin tener ningún derecho".
"Es una bofetada en la cara al gobierno provincial", así valoran desde Comisiones la sentencia. Y creen que el escándalo aún podría haber sido mayor, recordando que en su día advirtieron de unas  200 personas, becario(as), afectadas por esta situación anómala "pero muchos de ellos no denunciaron por miedo a represalias en futuros contratos". Para Comisiones Obreras estaríamos ante "un monumento a la precariedad que exigiría que el diputado responsable de Personal, Carlos López Font, dimitiese ya, o -si no lo hiciese- fuese inmediatamente cesado"
Como cabe esperar, López Font no dimite, tampoco lo va a cesar la Presidenta Silva. Y la sentencia será recurrida.

Conclusión, al menos en estos momentos de mayo de 2020 : el Juzgado de lo Social número 4 de los de Pontevedra ha determinado que la relación que tenían 38 antiguos becarios del plan de prácticas de la Deputación era de naturaleza laboral, por lo que deben ser considerados como trabajadores del organismo provincial.

El fallo concluye que a pesar de existir cuatro tipos de becas "bien diversas" se trataba de relaciones laborales "encubiertas". En la sentencia, la jueza señala que estos becarios, entre otras cuestiones, cumplían un horario, guardaban una disciplina laboral, 'fichaban' al entrar y salir de trabajar, no recibían formación y, en algunos casos, trabajaban solos y con autonomía o tenían móviles de empresa. "El hecho de que a través de estas becas una persona mejore una situación de desempleo en la que puede encontrarse o que adquiera experiencia laboral no es suficiente para mantener la presencia de una beca puesto que la finalidad perseguida no es la formación", refiere. El hecho de emplear a becarios en sustitución de hipotéticos trabajadores, según la magistrada, supone la adquisición de los "frutos" de tales servicios por parte de la propia Deputación "y, haya o no ánimo de lucro, de hecho se está lucrando".

Como subrayaban fuentes sindicales relacionadas con el organismo provincial en este fin de semana : "en el apartado de hechos probados, la magistrada recoge las inspecciones de trabajo que se llevaron a cabo en cuatro instituciones que dependen de la Diputación en 2018: la Estación Fitopatológica do Areeiro; el Plan Revitaliza, proyecto que apuesta por convertir los biorresiduos en un producto fertilizante; el servicio de patrimonio documental y bibliográfico de Pontevedra, y las prácticas que se realizaban en la propia Diputación y ayuntamientos de la provincia. En todos los casos, los inspectores se encontraron con becarios cuya responsabilidad iba más allá de la aceptable...".