Ence seguirá defendiendo en los tribunales la validez de la prórroga de su concesión

Ence rechaza la decisión de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de allanarse en el recurso sobre la prórroga de su biofábrica de Pontevedra

Ence seguirá defendiendo en los tribunales la validez de la prórroga de su concesión

Ence Energía y Celulosa expresa su sorpresa ante el inesperado cambio de criterio de la Dirección
General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de allanarse el pasado 8 de marzo en los tres procedimientos que actualmente se siguen en la Audiencia nacional y pretenden que se declare la nulidad de la resolución del 20 de enero de 2016 por la que se otorgó a la Sociedad la prórroga de la concesión de Pontevedra. 
La Sociedad considera que la mencionada actuación de la Administración General del Estado es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento. Esta actuación sólo puede ser explicada en clave electoral y supone una falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural, altamente dependiente de la actividad forestal de la empresa,
ya que Ence es el destinatario de la mitad de la madera que se produce anualmente en Galicia. El 30% de las personas empleadas en el sector forestal de Galicia dependen de la actividad de ENCE.
Es sorprendente que la Dirección General de la Costa y del Mar dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal, cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión de Ence.
Si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en todo Galicia: de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias. La planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte (cada día 300 camiones entran en la fábrica y la celulosa de Ence supone la mitad del tráfico del Puerto de Marín ya que se exporta el 95% de la producción), así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra.
El sector forestal del noroeste de España se verá muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda, lo que afectará a las más de 200.000 familias
productoras forestales.

Ence aporta un 28% del PIB de Pontevedra
Ence se comprometió con la prórroga de la concesión en 2016 a acometer inversiones por 71 millones de euros de los que están realizadas más de 40 millones y comprometidas otras 10 millones, de lo que se informa regularmente a la Dirección General de Costas Además se comprometió a un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros, y un plan social en Pontevedra de 3 millones al año durante la permanencia de los 60 años de concesión, que se está cumpliendo. 
Por otro lado, en el Plan Estratégico 2019-2023, presentado el pasado mes de noviembre, Ence anunció una inversión de 350 millones de euros durante los siguientes cinco años en Pontevedra,
 lo que generará aún más empleo.
Ence quiere poner de manifiesto que su actividad empresarial constituye un ejemplo de contribución a la bioeconomía, la economía circular y la sostenibilidad. La actividad industrial de
 Ence se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental y los parámetros
de sus plantas mejoran ampliamente las más exigentes normas y autorizaciones ambientales europeas y españolas. Prueba de ello es que en marea baja dos veces a día se marisquea delante de la biofábrica, que las playas cercanas a la misma tienen bandera azul de la Unión Europea y que la calidad del aire de la ría de Pontevedra esté entre las mejores comparada con las demás rías.
Ante esta sorprendente decisión, la compañía va a utilizar todas vías jurídicas para defender la
validez de la prórroga de la concesión de su biofábrica pontevedresa, cuyo proceso de renovación siguió escrupulosamente el procedimiento establecido por la Ley de Costas vigente, y que intereses de parte y acuerdos políticos quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores, proveedores, accionistas y de todo el sector forestal del noroeste de España.


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